El Ministerio público sugiere que la parte del sumario sobre la empresa que construyó el edificio y vendió las oficinas al partido sea remitida a la Audiencia Nacional para incorporar si procede al caso Banco Popular.

Como el toro que sobrevive al intento de descabello, Torres Hurtado ha dado señales de querer empitonar a alguien.

El principal testigo de cargo del caso Nazarí no ha declarado en el primer juicio. Estaba indispuesto y seguirá estándolo. El punto de inflexión fue hace un año, cuando firmó un acuerdo hasta hoy desconocido con algunos de los acusados.

Torres Hurtado e Isabel Nieto quedan absueltos de los delitos que se el atribuían por la construcción del edificio donde residen. El dictamen judicial tilda de "temeridad y mala fe" la acusación popular ejercida por Ramón Arenas y considera el informe policial un "pasquín folletinesco".

El fallo del magistrado del Juzgado de lo Penal 1 concluye que no hubo delito en la construcción de la vivienda donde exalcalde y exconcejala tienen su residencia. Condena a la acusación popular ejercida por Ramón Arenas a pagar las costas del proceso por "temeridad".

Los tres acusados, entre ellos el exalcalde de Granada José Torres Hurtado y la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, declaran que no intervinieron en la licencia de ocupación del edificio ni en el expediente sancionador. La acusación popular que ejerce Ramón Arenas rebaja su petición de penas hasta un año y medio de cárcel.

En el arranque del primer juicio del caso Nazarí los tres acusados niegan su participación en los trámites urbanísticos para la construcción de sus viviendas. Las defensas piden la absolución y la acusación popular modifica sus conclusiones: mantiene el delito de prevaricación común, pero no urbanística, e incluye como alternativa al emito de tráfico de influencias un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

La pieza Obispo, sobre el edificio del regidor, será enjuiciada por el juez Piñar, conocido por la condena a Juana Rivas.

La intervención permitirá determinar el interés de los restos en el subsuelo y el desarrollo de la casa nazarí ubicada en la zona.

Los socialistas andaluces argumentan al juzgado que se apartan del caso por su nueva posición institucional de gobierno en el Ayuntamiento de Granada. Hasta ahora el partido, que ejercía la acusación popular, pedía 12 años de inhabilitación especial por supuesta prevaricación en la concesión de licencias para su propio edificio.